Categoría: Actualidad

Noticias y novedades jurídicas de Radar Jurídico · LexForum

  • Impuesto vehicular: los descuentos por matrícula creados por ordenanza son nulos

    Impuesto vehicular: los descuentos por matrícula creados por ordenanza son nulos

    Los descuentos en el impuesto vehicular que algunos departamentos ofrecen para atraer la matrícula de vehículos tienen un problema de origen: no los puede crear una asamblea. Así lo confirmó la Sección Cuarta del Consejo de Estado al mantener la nulidad de los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 206 de la Ordenanza 010 de 2018 de Norte de Santander, que reducían el tributo a quienes registraran sus vehículos en ese departamento. Para las empresas con flotas, la consecuencia práctica es que un ahorro fiscal que parecía seguro puede convertirse en una contingencia.

    Un incentivo territorial que en realidad era una exención

    La Sala partió de la naturaleza del tributo. El impuesto sobre vehículos automotores fue creado por la Ley 488 de 1998 como un impuesto nacional cuyas rentas se ceden a las entidades territoriales. Ceder la renta no equivale a ceder el poder de configurarla: los departamentos conservan la administración, fiscalización, liquidación, discusión, cobro y devolución del impuesto (artículo 147 de esa ley), pero no la facultad de alterar sus elementos.

    Con esa premisa, el fallo descarta que una rebaja condicionada a matricular el vehículo en el departamento sea un simple estímulo de política local. Al disminuir lo que debe pagar el contribuyente, incide en los elementos del tributo y por eso constituye una exención, que sobre un impuesto nacional solo puede decretar el Congreso. La autonomía fiscal reconocida en el artículo 294 de la Constitución no alcanza para tanto. La decisión, del 21 de mayo de 2026 y divulgada el 26 de octubre, reitera la línea que la Sección ya había trazado, entre otras, en la sentencia del 10 de marzo de 2022 (expediente 25417).

    El riesgo para las flotas y los contratos de renting

    El efecto directo de la sentencia se limita a la ordenanza de Norte de Santander, pero su alcance práctico es mayor. A juicio de LexForum, la reiteración de esta línea jurisprudencial deja expuestas las disposiciones similares que subsisten en otros estatutos tributarios departamentales, que cualquier persona puede demandar en nulidad. Las compañías de transporte, logística, leasing y renting que eligieron su lugar de matrícula atendiendo a estos descuentos deben asumir que se trata de un beneficio frágil.

    El punto más delicado es el de las vigencias ya liquidadas. En principio, la nulidad de un acto general no reabre las situaciones jurídicas consolidadas, como las declaraciones que ya están en firme; en cambio, los periodos que aún pueden ser revisados por la administración quedan en una zona de mayor exposición. Por eso el análisis debe hacerse vehículo por vehículo y vigencia por vigencia.

    Lo que conviene revisar ahora

    Para las empresas, el primer paso es un inventario: en qué departamentos están matriculados los vehículos, qué descuentos se aplicaron en las últimas liquidaciones y si cada beneficio tiene respaldo en la ley o solo en una ordenanza. Con ese mapa es posible cuantificar la contingencia y decidir si se provisiona. También conviene ajustar el criterio de matrícula de los vehículos nuevos, descontando del ahorro esperado el riesgo de que el incentivo sea anulado, y revisar en los contratos de renting qué parte asume el mayor impuesto si el beneficio desaparece.

    Para las gobernaciones, el mensaje es igualmente claro. Mantener estos descuentos en el estatuto tributario expone al departamento a demandas y a discusiones con los contribuyentes. Lo prudente es revisar las disposiciones que puedan configurar exenciones no autorizadas por el legislador y ajustarlas antes de que lo haga un juez.

    Fuente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 21 de mayo de 2026, radicado 54001-23-33-000-2022-00242-02 (30108), C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño. Texto de la sentencia. Normas citadas: Ley 488 de 1998, artículos 138, 139, 146, 147 y 150; Constitución Política, artículo 294.

    Imagen: Jakub Żerdzicki en Unsplash.

    Para asesoría, escríbanos a info@lexforum.com.co.

  • Recorte de $13,8 billones: lo que deben revisar los contratistas del Estado

    Recorte de $13,8 billones: lo que deben revisar los contratistas del Estado

    El recorte de cerca de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026 no es solo una noticia fiscal. Para contratistas y proveedores del Estado, en especial de infraestructura y transporte, significa menos recursos disponibles para comprometer en lo que queda del año y un mayor riesgo de que procesos en curso no lleguen a adjudicarse. El Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026 reduce en $13.807.808.353.561 las apropiaciones de la vigencia aprobadas por la Ley 2559 de 2025, tanto en el presupuesto de rentas como en el de gastos.

    Una facultad que el Gobierno podría volver a usar

    El decreto se apoya en los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que permiten al Gobierno, previo concepto del Consejo de Ministros, reducir o aplazar apropiaciones en cualquier mes del año fiscal. Según los considerandos, el Ministerio de Hacienda estimó que los recaudos del año serán inferiores a los gastos y obligaciones. El dato que más debe atender el sector privado es otro: el Consejo de Ministros autorizó el 29 de agosto reducciones de hasta $21,9 billones, de modo que el margen para un segundo ajuste sigue abierto.

    Dónde se concentra el impacto

    Según la distribución informada por el Gobierno, cerca de la mitad del recorte recae sobre inversión ($6,8 billones), en contratos que no alcanzarían a ejecutarse en la vigencia o que no se consideran prioritarios. El resto se reparte entre servicio de la deuda ($4 billones) y funcionamiento ($3 billones), este último concentrado en contratos de prestación de servicios y compras de bienes. Invías, la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura figuran entre las entidades más afectadas, con partidas viales, aeroportuarias y férreas.

    En la práctica, reducir una apropiación no cancela por sí mismo un proyecto, pero sí limita lo que la entidad puede comprometer. Según el Ministerio de Hacienda, los compromisos ya perfeccionados quedan protegidos, aunque ese punto está pendiente de verificar en el articulado final del decreto. El riesgo mayor está en lo que aún no se ha firmado: procesos de selección abiertos que podrían revocarse o declararse desiertos por falta de apropiación, adiciones que no encuentren respaldo presupuestal y contratos de prestación de servicios que no se renueven.

    Cómo proteger la posición del contratista

    A juicio de LexForum, la prioridad para quien contrata con entidades nacionales es documental. Antes de ejecutar cualquier prestación conviene exigir y conservar el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal, porque son la base de cualquier reclamación posterior. Quien participa en un proceso abierto debe consultar formalmente a la entidad si el rubro que lo respalda fue afectado, y quien tiene un contrato en ejecución debe estar atento a solicitudes de suspensión, reprogramación o terminación anticipada, que deben estar motivadas y no pueden desconocer las prestaciones ya ejecutadas.

    Conviene además seguir de cerca dos frentes: un eventual segundo recorte dentro del margen ya autorizado y el trámite de la anunciada «Ley de Rescate», que podría cambiar el panorama de recursos para el cierre del año.

    Fuente: Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, «por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2026 y se dictan otras disposiciones».

    Imagen: Christian Agbede en Unsplash.

    Para asesoría, escríbanos a info@lexforum.com.co.

  • Ocho decretos laborales en revisión: la ventana para comentar cierra el 31 de octubre

    Ocho decretos laborales en revisión: la ventana para comentar cierra el 31 de octubre

    Buena parte de la reglamentación laboral expedida en 2026 está otra vez sobre la mesa. El Ministerio del Trabajo publicó el 16 de octubre ocho proyectos de decreto que derogan, sustituyen o ajustan reglas sobre tercerización, pactos colectivos, inspección, repartidores de plataformas, acoso laboral, trabajo doméstico y protección a periodistas. Son proyectos y no normas vigentes, por lo que la oportunidad real para las empresas está en la consulta pública, que cierra el sábado 31 de octubre de 2026 en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP). Algunos medios informaron el 9 de noviembre como fecha límite, pero el Ministerio y SUCOP registran el 31 de octubre.

    La ley como límite del reglamento

    El hilo común de los proyectos es la idea de que el reglamento no puede ir más allá de la ley. El caso más claro es el de acoso, violencia y discriminación laboral: se mantienen la prevención y la atención a las víctimas, pero se retiran presunciones y reglas probatorias que, según el propio Ministerio, solo puede crear el legislador. Algo similar ocurre con la tercerización, cuyo régimen reglamentario del Decreto 581 de 2026 se deroga, aunque la prohibición legal de la tercerización ilegal sigue intacta, y con los pactos colectivos, cuyo depósito volvería a regirse por el Código Sustantivo del Trabajo tras la derogatoria del Decreto 992 de 2026.

    A juicio de LexForum, esta corrección reduce el riesgo de nulidades futuras ante el Consejo de Estado, pero traslada más peso a la interpretación judicial. Menos reglas detalladas significa menos certeza operativa: las empresas tendrán que apoyarse en la ley, en la jurisprudencia y en sus propios protocolos para demostrar cumplimiento.

    Plataformas, inspección y trabajo doméstico

    Para las plataformas digitales de reparto, el cambio con mayor efecto económico está en la modificación del artículo 2 del Decreto 991 de 2026: según el Ministerio, los aportes a seguridad social se liquidarían sobre el 40 % de lo que efectivamente gana el repartidor. La regla incide en costos y en la configuración de los sistemas de liquidación, y conviene modelarla desde ya con los datos reales de la operación.

    En inspección, el proyecto que sustituye el Decreto 720 de 2026 exige que las medidas preventivas sean motivadas, temporales y revisables, una garantía de debido proceso relevante para cualquier empleador sujeto a visitas. En trabajo doméstico se abre la posibilidad de inspeccionar sin ingresar a la vivienda. Las multas por despido retaliatorio frente a denuncias de acoso sexual se graduarían según la gravedad de la conducta, sin bajar del mínimo legal, y las medidas de protección a periodistas y comunicadores se ajustan a la Ley 2466 de 2025.

    Por qué vale la pena participar en la consulta

    Mientras no se expidan los decretos definitivos rigen las normas actuales, así que no conviene desmontar procedimientos de cumplimiento ni protocolos internos. Lo que sí conviene es aprovechar los días que quedan. El Ministerio debe dejar constancia de las observaciones recibidas y de sus respuestas, y un comentario técnico, que muestre efectos concretos sobre la operación, tiene más posibilidades de incidir en el texto final que una crítica general.

    Las empresas que contratan con empresas de servicios temporales o cooperativas de trabajo asociado, las que tienen pactos colectivos vigentes, las plataformas de reparto y los empleadores que acaban de ajustar sus protocolos de acoso son las que más tienen en juego. Para ellas recomendamos revisar los textos con sus equipos de talento humano y jurídico, medir el impacto en contratos y procedimientos, y presentar observaciones antes del cierre si alguna regla afecta su operación.

    Fuente: Ministerio del Trabajo, Participe en la construcción de normatividad (proyectos publicados el 16 de octubre de 2026) y fichas de consulta en SUCOP.

    Imagen: Vitaly Gariev en Unsplash.

    Para asesoría, escríbanos a info@lexforum.com.co.

  • Presupuesto 2027 en Colombia: deuda, déficit y lo que cambia

    Presupuesto 2027 en Colombia: deuda, déficit y lo que cambia

    Análisis · 25 de octubre de 2026

    Colombia arrancará 2027 con un Presupuesto General de la Nación de $634,95 billones, fijado por el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026. Más allá del monto, lo que importa está en su composición: cuánto queda amarrado a la deuda y al funcionamiento del Estado, y cuánto queda realmente disponible para invertir.

    $634,95 bnPresupuesto total 2027
    86,1 %Funcionamiento y deuda
    +54,7 %Servicio de la deuda frente a 2026
    9,5 % del PIBDéficit estimado por el CARF sin ajustes

    El presupuesto llegó por decreto porque el Congreso no alcanzó a cerrar el trámite. Senado y Cámara aprobaron textos distintos del artículo 65, sobre coberturas frente a variaciones del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio, y la conciliación no se surtió antes del 20 de octubre. El Gobierno aplicó entonces el artículo 348 de la Constitución y el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996): rige el proyecto presentado por el Ejecutivo con los cambios aprobados en primer debate por las comisiones económicas.

    Revisamos las cifras del decreto junto con los informes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y del Banco de la República. El panorama deja varias señales que conviene tener presentes, tanto para quienes siguen las finanzas públicas como para las empresas que contratan con el Estado.

    Ocho de cada diez pesos ya tienen destino

    Según la distribución que anunció la Presidencia de la República tras la expedición del decreto, el presupuesto se reparte así (cifras en billones de pesos):

    DestinaciónValorParticipación
    Funcionamiento$391,3861,6 %
    Servicio de la deuda pública$155,4324,5 %
    Inversión$88,1413,9 %
    Total$634,95100 %

    Distribución del presupuesto 2027

    Participación sobre $634,95 billones

    Fuente: Presidencia de la República, distribución anunciada tras la expedición del Decreto 1599 de 2026.

    Funcionamiento no es sinónimo de burocracia. Ahí están las pensiones, las transferencias a las regiones y buena parte de los servicios esenciales. Aun así, la proporción muestra lo poco que queda libre una vez se cubren las obligaciones existentes.

    Por sectores, Educación recibe $93 billones; Salud y Protección Social, $81,56 billones; Defensa y Policía, $74,9 billones; Trabajo, con los compromisos pensionales, $67,42 billones; Transporte, $21,67 billones, y Minas y Energía, $7,51 billones. Son asignaciones sectoriales, no el presupuesto de cada ministerio.

    Asignaciones sectoriales 2027

    Billones de pesos. No equivalen al presupuesto individual de cada ministerio

    Fuente: Presidencia de la República.

    La deuda crece casi cuatro veces más rápido que el presupuesto

    Frente a las apropiaciones de 2026 que el CARF toma como referencia, el presupuesto total sube cerca de 14,2 % nominal. El servicio de la deuda, en cambio, pasa de $100,45 a $155,43 billones: 54,7 % más.

    De esos $155,43 billones, unos $94,42 billones son intereses y $58,27 billones, amortizaciones de capital. Solo los intereses crecen 37,3 %. El problema venía de antes: según el seguimiento fiscal que el CARF publicó en octubre, a agosto de 2026, los intereses ya equivalían al 27,8 % del recaudo tributario neto del Gobierno Nacional Central, por encima del promedio histórico de 24,4 % para ese período.

    Servicio de la deuda: +54,7 %

    Billones de pesos. 2026 corresponde a la referencia de apropiaciones usada por el CARF

    Fuente: Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Informe al Congreso, segundo semestre de 2026. Los intereses crecen 37,3 % frente a 2026.

    La distinción técnica importa. Los intereses suman al déficit; la amortización es una necesidad de financiación, pero no lo aumenta en la misma cuantía. En la práctica, ambos reducen el espacio para financiar infraestructura, ciencia, educación, vivienda o proyectos regionales, y un crédito público más caro puede terminar presionando las tasas para empresas y hogares, aunque esa transmisión no es automática.

    Menos ingresos corrientes, más recursos de capital

    El CARF encontró un cambio de fondo en la forma de financiar el gasto. Los ingresos corrientes de la Nación, donde están los impuestos, bajan de $322,82 billones a $299,07 billones (−7,4 %). Los recursos de capital suben de $176,24 a $281,35 billones (+59,6 %).

    Fuentes de financiación: menos ingresos corrientes, más recursos de capital

    Billones de pesos. Ingresos corrientes −7,4 %; recursos de capital +59,6 %

    Fuente: CARF, septiembre de 2026. Los recursos de capital incluyen crédito y otras fuentes; no equivalen íntegramente a endeudamiento neto.

    Los recursos de capital incluyen crédito y otras fuentes, de modo que no todo ese monto es endeudamiento neto nuevo. Pero su peso deja claro que el equilibrio del presupuesto depende cada vez menos del recaudo ordinario.

    Y el recaudo no está ayudando. A agosto, el recaudo tributario neto crecía 9,2 % nominal, pero sin los ingresos extraordinarios de las declaratorias de emergencia mostraba una caída real de 2,2 % frente al mismo período de 2025. Si la actividad económica y el recaudo no repuntan, el Gobierno tendrá que elegir entre más financiamiento y menos desembolsos.

    Un déficit que se duplicó en las proyecciones

    El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026 proyectaba para 2027 un déficit del Gobierno Nacional Central de 4,5 % del PIB. La actualización del Plan Financiero de agosto lo llevó a 9,4 % en un escenario sin medidas correctivas, y el CARF lo estima en 9,5 %. Son escenarios de riesgo, no un déficit causado ni una meta oficial.

    Déficit total proyectado del GNC para 2027

    Porcentaje del PIB. Escenarios de proyección, no resultados ejecutados

    Fuentes: Ministerio de Hacienda (MFMP 2026 y Plan Financiero de agosto), CARF y Banco de la República. El último escenario supone que el ajuste de 2,2 % del PIB sobre el déficit primario se materializa por completo.

    El gerente general del Banco de la República, en sus comentarios sobre el proyecto revisado del presupuesto, advirtió que ese escenario implica una deuda neta cercana al 66,2 % del PIB, frente al 58,9 % previsto en el Marco Fiscal. El Gobierno planea una ley de ajuste que reduzca el déficit primario de 2027 en 2,2 % del PIB; si se materializa por completo, el déficit total quedaría en 7,2 %, un nivel que el propio Banco considera todavía demasiado alto para retomar la regla fiscal en 2028.

    El calendario agrega presión: 2027 es el último año de la cláusula de escape de la regla fiscal, y en 2028 vuelve el mecanismo ordinario de cumplimiento. El CARF ha insistido en que cada año de aplazamiento encarece la corrección.

    Vista panorámica de Bogotá con una tarjeta informativa: el 86,1 % del presupuesto 2027 se destina a funcionamiento o al servicio de la deuda y el 13,9 % a inversión.
    Ocho de cada diez pesos del PGN 2027 ya tienen destino antes de cualquier nueva inversión. Foto de base: Willian Reis en Unsplash.

    La inversión, la partida que cede

    El decreto asigna $88,14 billones a inversión, el 13,9 % del total. Es menos que los $89,47 billones de la referencia de 2026 que usa el CARF, aunque la comparación debe tomarse con cautela porque el presupuesto de 2026 fue modificado después por el Decreto 1585 del 22 de octubre.

    La diferencia más visible es con lo que aprobaron las plenarias. Según la Presidencia de la República, esa versión contemplaba $94,8 billones para inversión; al no haber conciliación, quedó la cifra del primer debate, $6,66 billones menos.

    Inversión: el decreto conserva la cifra del primer debate

    Billones de pesos

    Fuentes: CARF y Ministerio de Hacienda. La referencia 2026 es previa al Decreto 1585 de 2026, que modificó ese presupuesto.

    Para transporte, agua potable, vivienda, desarrollo rural o ciencia, eso puede significar proyectos aplazados o ajustados, según cómo se programe y ejecute cada partida. Para contratistas y proveedores del Estado, la lección es separar con rigor lo presupuestado, lo comprometido y lo efectivamente pagado.

    Salud y subsidios: lo que quedó por fuera

    La falta de conciliación tuvo efectos concretos sobre partidas que las plenarias habían ajustado. La versión aprobada por el Congreso sumaba $5 billones para salud y $3 billones para subsidios de energía y gas; el decreto solo conserva la adición de primer debate:

    Incluido en el decreto+$2 billones

    Adición para salud aprobada en primer debate.

    No incorporado+$3 billones

    Adición posterior para necesidades del sector salud.

    No incorporado+$3 billones

    Recursos adicionales para subsidios de gas y electricidad.

    Esto no elimina los subsidios vigentes ni suspende servicios de salud. Lo que ocurre es que esas adiciones no están en el presupuesto expedido. Si las necesidades persisten y no aparecen recursos nuevos, la presión se trasladará al flujo de pagos a prestadores, a la financiación de los subsidios energéticos y a las cuentas de las entidades que prestan esos servicios. Mucho dependerá de las modificaciones que se tramiten y de la caja disponible durante el año.

    Poco espacio para recortar

    Buena parte del funcionamiento corresponde a gastos que el Gobierno no puede suprimir por decisión propia: pensiones, salud, nómina, transferencias territoriales y contratos en curso. Por eso los recortes generales rinden poco sin tocar obligaciones legales o servicios esenciales, y el CARF señala esa rigidez como uno de los principales obstáculos para la consolidación fiscal.

    Las regiones lo sentirán de forma desigual. Si la Nación ajusta el gasto, habrá que precisar qué proyectos y cofinanciaciones se ven afectados, sin confundirlos con las transferencias que tienen protección constitucional o legal. Los territorios con menos ingresos propios tendrán más dificultades para sostener nuevas inversiones.

    Efectos para hogares, empresas y regiones

    Los efectos no serán iguales para todos ni inmediatos. Para los hogares, los canales de riesgo están en la financiación de servicios públicos, la oportunidad de los pagos estatales, los subsidios y el acceso al crédito. Para las empresas, en la inversión pública, los tiempos de pago, la contratación estatal y el costo del financiamiento; las iniciativas de ajuste fiscal podrían cambiar además el entorno tributario o regulatorio, aunque el Decreto 1599 no crea por sí mismo una reforma tributaria. En las regiones, todo se jugará en la ejecución: una partida aprobada es una autorización de gasto, no una garantía de que los recursos se contraten o se desembolsen.

    Lo que recomendamos revisar desde ya

    • Confirmar que los contratos y convenios en curso, o los proyectados para 2027, tengan apropiación en el texto decretado y no en las adiciones del segundo debate.
    • Pedir y hacer seguimiento a los certificados de disponibilidad y registros presupuestales de las entidades contratantes antes de comprometer recursos propios.
    • Seguir de cerca las demandas de inconstitucionalidad o nulidad que algunos congresistas han anunciado contra el decreto, y el trámite de la anunciada «Ley de Rescate».

    Un debate que sigue abierto

    Expedir el presupuesto por decreto está previsto en la Constitución para situaciones como esta, así que el mecanismo no es, por sí solo, una irregularidad. Lo que sí tuvo consecuencias medibles fue la falta de conciliación: los cambios de las plenarias no entraron y se retomó la distribución del primer debate. Eso hace más necesarios el control político y la vigilancia sobre la ejecución.

    El Gobierno anunció que presentará al Congreso una «Ley de Rescate» para ordenar las finanzas públicas. Al 25 de octubre no hay un texto que permita dar por hechos nuevos ingresos, ahorros o modificaciones al presupuesto. Cuando lo haya, habrá que mirar si financia de verdad los compromisos, si distingue ahorros reales de simples aplazamientos y cómo reparte las cargas.

    El Decreto 1599 resuelve con qué recursos funcionará el Estado en 2027, pero no resuelve el desequilibrio de fondo. Con la deuda creciendo más rápido que los ingresos y la inversión cediendo terreno, la prueba del próximo año estará en la capacidad de cumplir las obligaciones, corregir el déficit y proteger la inversión que necesita el país.

    Fuentes

    Si su empresa contrata con el Estado o depende de recursos del PGN, escríbanos a info@lexforum.com.co y revisamos con usted el impacto en sus contratos y proyecciones.

Síganos