El recorte de cerca de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026 no es solo una noticia fiscal. Para contratistas y proveedores del Estado, en especial de infraestructura y transporte, significa menos recursos disponibles para comprometer en lo que queda del año y un mayor riesgo de que procesos en curso no lleguen a adjudicarse. El Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026 reduce en $13.807.808.353.561 las apropiaciones de la vigencia aprobadas por la Ley 2559 de 2025, tanto en el presupuesto de rentas como en el de gastos.
Una facultad que el Gobierno podría volver a usar
El decreto se apoya en los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que permiten al Gobierno, previo concepto del Consejo de Ministros, reducir o aplazar apropiaciones en cualquier mes del año fiscal. Según los considerandos, el Ministerio de Hacienda estimó que los recaudos del año serán inferiores a los gastos y obligaciones. El dato que más debe atender el sector privado es otro: el Consejo de Ministros autorizó el 29 de agosto reducciones de hasta $21,9 billones, de modo que el margen para un segundo ajuste sigue abierto.
Dónde se concentra el impacto
Según la distribución informada por el Gobierno, cerca de la mitad del recorte recae sobre inversión ($6,8 billones), en contratos que no alcanzarían a ejecutarse en la vigencia o que no se consideran prioritarios. El resto se reparte entre servicio de la deuda ($4 billones) y funcionamiento ($3 billones), este último concentrado en contratos de prestación de servicios y compras de bienes. Invías, la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura figuran entre las entidades más afectadas, con partidas viales, aeroportuarias y férreas.
En la práctica, reducir una apropiación no cancela por sí mismo un proyecto, pero sí limita lo que la entidad puede comprometer. Según el Ministerio de Hacienda, los compromisos ya perfeccionados quedan protegidos, aunque ese punto está pendiente de verificar en el articulado final del decreto. El riesgo mayor está en lo que aún no se ha firmado: procesos de selección abiertos que podrían revocarse o declararse desiertos por falta de apropiación, adiciones que no encuentren respaldo presupuestal y contratos de prestación de servicios que no se renueven.
Cómo proteger la posición del contratista
A juicio de LexForum, la prioridad para quien contrata con entidades nacionales es documental. Antes de ejecutar cualquier prestación conviene exigir y conservar el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal, porque son la base de cualquier reclamación posterior. Quien participa en un proceso abierto debe consultar formalmente a la entidad si el rubro que lo respalda fue afectado, y quien tiene un contrato en ejecución debe estar atento a solicitudes de suspensión, reprogramación o terminación anticipada, que deben estar motivadas y no pueden desconocer las prestaciones ya ejecutadas.
Conviene además seguir de cerca dos frentes: un eventual segundo recorte dentro del margen ya autorizado y el trámite de la anunciada «Ley de Rescate», que podría cambiar el panorama de recursos para el cierre del año.
Fuente: Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, «por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2026 y se dictan otras disposiciones».
Imagen: Christian Agbede en Unsplash.
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