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APPA: la Corte las salva, pero ni crearlas ni eliminarlas podrá hacerse sin los concejos

Vista aérea de campos agrícolas con una ciudad al fondo

La Sentencia C-364 de 2026 mantiene las áreas de protección para la producción de alimentos, pero limita al Ministerio de Agricultura a delimitarlas y lo obliga a concertar con los municipios antes de declararlas, modificarlas o eliminarlas. Un día después de conocerse el fallo, el Gobierno anunció su derogatoria en los seis departamentos donde existían.

Las áreas de protección para la producción de alimentos (APPA) siguen en el ordenamiento jurídico, pero cambian de naturaleza. Al declarar exequible, de forma condicionada, el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, la Corte Constitucional le quitó al Ministerio de Agricultura la posibilidad de decidir desde Bogotá cómo se usa el suelo de un municipio y convirtió la concertación con las autoridades locales en una condición de validez, tanto para crear un área como para retirarla. La decisión se conoció justo cuando el Gobierno cerraba el desmonte de todas las APPA expedidas en el periodo anterior, y esa coincidencia es la que hoy concentra el riesgo jurídico para propietarios, inversionistas y municipios.

Una figura que sobrevive con un ministerio más acotado

El artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026, modificó el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 e incluyó las APPA en el segundo nivel de prevalencia de las determinantes de ordenamiento territorial. Una determinante de ese rango se impone a los planes de ordenamiento territorial (POT), y por eso la Procuraduría pidió a la Corte declarar inexequible la norma, al considerar que desconocía la competencia de los concejos para reglamentar los usos del suelo, prevista en el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución.

Según lo divulgado sobre la Sentencia C-364 de 2026, la Corte no expulsó la figura, pero fijó su perímetro. El Ministerio puede delimitar las áreas, destinarlas a la producción de alimentos e identificar las actividades incompatibles con esa finalidad; no puede reglamentar en detalle los usos del suelo, que siguen en manos de los concejos. Antes de declarar, modificar o eliminar una APPA debe adelantar un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales, en el que los concejos municipales y distritales pueden presentar observaciones y propuestas que el Ministerio debe valorar de manera efectiva y motivada. La decisión debe consultar además el POT y las particularidades de cada municipio, y los condicionamientos alcanzan a los procedimientos que estén en trámite.

El fallo llega en pleno desmonte de las declaratorias

Las APPA del gobierno anterior sumaban cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios de seis departamentos. El Ministerio derogó en octubre las de Sabana Centro, que cubrían 15.839 hectáreas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, avanzó luego con el suroeste antioqueño, La Guajira y Córdoba, y el 11 de noviembre, un día después de que se conociera la sentencia, anunció la derogatoria de las áreas del norte del Tolima, con 48.494 hectáreas en Fresno, Herveo, Murillo, Casabianca, Líbano, Palocabildo, Villahermosa y Falan, y de cerca de 84.000 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, en Santander. Los reportes de prensa no dan cuenta de que esas últimas decisiones hayan pasado por un proceso de concertación con los concejos.

Aquí aparece la principal discusión. Mientras algunos intervinientes sostienen que el fallo solo produce efectos desde su notificación, la regla general del artículo 45 de la Ley 270 de 1996 es que las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, y la propia Corte ha entendido que esos efectos corren desde el día siguiente a la adopción de la decisión y no desde la publicación del texto. A juicio de LexForum, las derogatorias expedidas antes de que la Sala Plena decidiera conservan su presunción de legalidad, aunque podrían ser cuestionadas con los mismos argumentos de autonomía territorial que la Corte acogió. Las expedidas después, sin una concertación documentada, quedan expuestas a demandas de nulidad ante el Consejo de Estado. La fecha exacta de adopción del fallo y el alcance preciso de sus efectos solo se conocerán con el texto íntegro, que aún no se ha publicado.

Lo que cambia para empresas, propietarios y municipios

En la práctica, una APPA deja de ser una decisión unilateral del nivel nacional y pasa a ser un acto construido con el territorio, en ambos sentidos. Para un desarrollador inmobiliario en la sabana de Bogotá o un inversionista con títulos o solicitudes mineras en Córdoba o Santander, la derogatoria despeja hoy la restricción, pero no la blinda: si se anula por falta de concertación, el área revive, y un gobierno futuro podría volver a declararla con un respaldo constitucional más sólido que el de las resoluciones anteriores, siempre que la construya con los concejos.

Para los municipios el fallo es a la vez una oportunidad y una carga. Los concejos ganan voz, pero esa voz pesa en la medida en que se ejerza: observaciones técnicas, soportadas en el POT y presentadas dentro del procedimiento, obligan al Ministerio a responder de forma motivada, y un concejo que guarde silencio tendrá poco margen para impugnar después. Las empresas agroindustriales y los gremios de alimentos, por su parte, encuentran en la sentencia un aval a la legitimidad de la figura, útil si en el futuro se promueven declaratorias concertadas en zonas de clara vocación agrícola.

Decisiones que conviene tomar ahora

Quien adelante compras de tierra, licencias urbanísticas o proyectos extractivos en municipios que tuvieron APPA debería incorporar a su debida diligencia la resolución de declaratoria, el acto de derogatoria y su fecha frente a la de la sentencia, el POT vigente y cualquier constancia de participación municipal. Los proyectos cuya viabilidad dependa de una derogatoria de noviembre deben valorar el riesgo de que sea demandada y prever ese escenario en los contratos de compraventa, promesa o financiación. Los alcaldes y concejos que consideren vulnerada su competencia tienen la vía del medio de control de nulidad, y les conviene dejar por escrito desde ya su posición técnica. Y todos harán bien en esperar el texto íntegro antes de dar por cerrada la discusión sobre los efectos en el tiempo.

Fuente: Corte Constitucional, Sentencia C-364 de 2026 (expediente D-16118), M. P. Natalia Ángel Cabo, divulgada el 10 de noviembre de 2026. El texto íntegro y el comunicado oficial aún no están disponibles en la relatoría; el contenido de la decisión y los datos de las derogatorias se toman de lo reportado por medios. Norma analizada: artículo 32 de la Ley 2294 de 2023.

Imagen: 安 崔士 en Unsplash.

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