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Ley de Rescate con urgencia: el IVA al software y la nube podría regir desde diciembre

Escritorio con calculadora, cuaderno, lápiz y gafas para revisar cuentas tributarias

El mensaje de urgencia que el presidente Abelardo de la Espriella envió al Congreso el 3 de noviembre cambia el cálculo de las empresas frente a la Ley de Rescate Económico. Ya no basta con estudiar qué dice el proyecto: ahora importa cuándo empezaría a regir cada medida. Algunas no esperan a 2027 y aplicarían desde el día en que se publique la ley, entre ellas la gravación con IVA del software y los servicios en la nube, hoy excluidos. Si el trámite termina antes del 16 de diciembre, varias compañías podrían cerrar el año con reglas distintas a las que tenían presupuestadas.

Lo que permite el mensaje de urgencia y lo que no

El Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara fue radicado por el Ministerio de Hacienda el 29 de octubre. Con el mensaje de urgencia, el Gobierno invoca el artículo 163 de la Constitución: la cámara respectiva debe decidir sobre el proyecto dentro de los treinta días siguientes y, ante la insistencia presidencial, la iniciativa gana prelación en el orden del día. La misma norma permite que las comisiones económicas de Cámara y Senado sesionen de forma conjunta para el primer debate, lo que ahorra semanas en un calendario apretado.

Eso no equivale a una aprobación. El Congreso conserva intacta su facultad de modificar o negar el texto, y los partidos de la coalición ya anunciaron reparos a los nuevos tributos. Lo que sí cambia es la probabilidad de que el proyecto llegue votado al cierre de la legislatura ordinaria, el 16 de diciembre de 2026. Si no alcanza, el artículo 162 de la Constitución le permite continuar desde marzo de 2027 en el estado en que quede, siempre que haya surtido al menos un debate.

Las medidas que regirían desde la publicación de la ley

La regla general del proyecto es que las disposiciones sin fecha especial rigen desde su promulgación. Allí quedan cambios que afectan la operación diaria de muchas empresas: el software, el alojamiento web y los servicios en la nube pasarían a la tarifa general del 19 % al eliminarse las exclusiones de los numerales 20 y 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario; los licores pasarían del 5 % al 19 % de IVA, y se suprimiría la exclusión para las importaciones por tráfico postal y envíos urgentes de hasta 200 dólares.

En la práctica, esto significa que una empresa que paga licencias, plataformas o infraestructura en la nube debe revisar desde ya sus contratos. Conviene verificar si los precios pactados incluyen o excluyen el IVA, quién asume un impuesto nuevo en contratos de tracto sucesivo y cómo se facturarán los periodos ya iniciados. Para los proveedores del sector, el reto es inverso: ajustar la facturación electrónica y comunicar a tiempo el cambio a sus clientes para evitar glosas y discusiones comerciales.

Renta y aportes: por qué la fecha de promulgación pesa

La baja de la tarifa general de renta al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, junto con el recorte de la exoneración de aportes del artículo 114-1 a los salarios de hasta dos salarios mínimos, ya fue analizada en este Radar. Lo nuevo es el factor tiempo. El artículo 338 de la Constitución establece que las leyes que regulan tributos de periodo solo se aplican a partir del periodo que comience después de su vigencia. Si la ley se promulga en diciembre de 2026, los cambios de renta y aportes previstos para el 1 de enero de 2027 tendrían una base sólida para aplicarse ese año.

Si el trámite se aplaza a 2027, el escenario se complica. La jurisprudencia constitucional ha admitido que normas favorables al contribuyente, como una reducción de tarifa, se apliquen en el mismo periodo, pero las que aumentan cargas tendrían que esperar al periodo siguiente. A juicio de LexForum, ese escenario abriría un espacio de litigio sobre el momento exacto en que se aplica cada medida, especialmente en los impuestos de periodo anual, y obligaría a las empresas a mantener dos proyecciones financieras en paralelo.

Los alivios ante la DIAN y su ventana hasta junio de 2027

El proyecto también trae beneficios con fecha límite del 30 de junio de 2027: reducción de sanciones e intereses para obligaciones vencidas a 30 de septiembre de 2026, terminación por mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliación en lo contencioso administrativo y un régimen de normalización de activos omitidos. El texto aclara que los beneficios de terminación y conciliación no son acumulables con los del Decreto Legislativo 1419 de 2026. Quien esté evaluando acogerse a ese decreto debe comparar ambos esquemas antes de decidir, porque elegir uno puede cerrar la puerta al otro.

Decisiones que conviene tomar antes del cierre de la legislatura

Las áreas financieras y jurídicas tienen un margen de seis semanas para prepararse sin depender del resultado final. Recomendamos revisar los contratos de tecnología con cláusulas de precio y reajuste, modelar el costo de nómina con y sin el nuevo artículo 114-1 para el presupuesto de 2027, y calcular el efecto de la nueva tarifa de renta sobre el impuesto diferido en los estados financieros de cierre. Las empresas con procesos abiertos ante la DIAN deberían inventariarlos ahora para decidir con información si les conviene el Decreto Legislativo 1419 o los mecanismos del proyecto.

Todo lo anterior describe un proyecto de ley, no una norma vigente. El texto puede cambiar sustancialmente en los debates y ninguna de estas obligaciones existe hasta que la ley sea aprobada, sancionada y publicada en el Diario Oficial.

Fuente: Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, Ley de Rescate Económico, radicado el 29 de octubre de 2026 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mensaje de urgencia e insistencia del Presidente de la República del 3 de noviembre de 2026, con fundamento en el artículo 163 de la Constitución Política.

Imagen: Cht Gsml en Unsplash.

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