Los descuentos en el impuesto vehicular que algunos departamentos ofrecen para atraer la matrícula de vehículos tienen un problema de origen: no los puede crear una asamblea. Así lo confirmó la Sección Cuarta del Consejo de Estado al mantener la nulidad de los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 206 de la Ordenanza 010 de 2018 de Norte de Santander, que reducían el tributo a quienes registraran sus vehículos en ese departamento. Para las empresas con flotas, la consecuencia práctica es que un ahorro fiscal que parecía seguro puede convertirse en una contingencia.
Un incentivo territorial que en realidad era una exención
La Sala partió de la naturaleza del tributo. El impuesto sobre vehículos automotores fue creado por la Ley 488 de 1998 como un impuesto nacional cuyas rentas se ceden a las entidades territoriales. Ceder la renta no equivale a ceder el poder de configurarla: los departamentos conservan la administración, fiscalización, liquidación, discusión, cobro y devolución del impuesto (artículo 147 de esa ley), pero no la facultad de alterar sus elementos.
Con esa premisa, el fallo descarta que una rebaja condicionada a matricular el vehículo en el departamento sea un simple estímulo de política local. Al disminuir lo que debe pagar el contribuyente, incide en los elementos del tributo y por eso constituye una exención, que sobre un impuesto nacional solo puede decretar el Congreso. La autonomía fiscal reconocida en el artículo 294 de la Constitución no alcanza para tanto. La decisión, del 21 de mayo de 2026 y divulgada el 26 de octubre, reitera la línea que la Sección ya había trazado, entre otras, en la sentencia del 10 de marzo de 2022 (expediente 25417).
El riesgo para las flotas y los contratos de renting
El efecto directo de la sentencia se limita a la ordenanza de Norte de Santander, pero su alcance práctico es mayor. A juicio de LexForum, la reiteración de esta línea jurisprudencial deja expuestas las disposiciones similares que subsisten en otros estatutos tributarios departamentales, que cualquier persona puede demandar en nulidad. Las compañías de transporte, logística, leasing y renting que eligieron su lugar de matrícula atendiendo a estos descuentos deben asumir que se trata de un beneficio frágil.
El punto más delicado es el de las vigencias ya liquidadas. En principio, la nulidad de un acto general no reabre las situaciones jurídicas consolidadas, como las declaraciones que ya están en firme; en cambio, los periodos que aún pueden ser revisados por la administración quedan en una zona de mayor exposición. Por eso el análisis debe hacerse vehículo por vehículo y vigencia por vigencia.
Lo que conviene revisar ahora
Para las empresas, el primer paso es un inventario: en qué departamentos están matriculados los vehículos, qué descuentos se aplicaron en las últimas liquidaciones y si cada beneficio tiene respaldo en la ley o solo en una ordenanza. Con ese mapa es posible cuantificar la contingencia y decidir si se provisiona. También conviene ajustar el criterio de matrícula de los vehículos nuevos, descontando del ahorro esperado el riesgo de que el incentivo sea anulado, y revisar en los contratos de renting qué parte asume el mayor impuesto si el beneficio desaparece.
Para las gobernaciones, el mensaje es igualmente claro. Mantener estos descuentos en el estatuto tributario expone al departamento a demandas y a discusiones con los contribuyentes. Lo prudente es revisar las disposiciones que puedan configurar exenciones no autorizadas por el legislador y ajustarlas antes de que lo haga un juez.
Fuente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 21 de mayo de 2026, radicado 54001-23-33-000-2022-00242-02 (30108), C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño. Texto de la sentencia. Normas citadas: Ley 488 de 1998, artículos 138, 139, 146, 147 y 150; Constitución Política, artículo 294.
Imagen: Jakub Żerdzicki en Unsplash.
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