Buena parte de la reglamentación laboral expedida en 2026 está otra vez sobre la mesa. El Ministerio del Trabajo publicó el 16 de octubre ocho proyectos de decreto que derogan, sustituyen o ajustan reglas sobre tercerización, pactos colectivos, inspección, repartidores de plataformas, acoso laboral, trabajo doméstico y protección a periodistas. Son proyectos y no normas vigentes, por lo que la oportunidad real para las empresas está en la consulta pública, que cierra el sábado 31 de octubre de 2026 en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP). Algunos medios informaron el 9 de noviembre como fecha límite, pero el Ministerio y SUCOP registran el 31 de octubre.
La ley como límite del reglamento
El hilo común de los proyectos es la idea de que el reglamento no puede ir más allá de la ley. El caso más claro es el de acoso, violencia y discriminación laboral: se mantienen la prevención y la atención a las víctimas, pero se retiran presunciones y reglas probatorias que, según el propio Ministerio, solo puede crear el legislador. Algo similar ocurre con la tercerización, cuyo régimen reglamentario del Decreto 581 de 2026 se deroga, aunque la prohibición legal de la tercerización ilegal sigue intacta, y con los pactos colectivos, cuyo depósito volvería a regirse por el Código Sustantivo del Trabajo tras la derogatoria del Decreto 992 de 2026.
A juicio de LexForum, esta corrección reduce el riesgo de nulidades futuras ante el Consejo de Estado, pero traslada más peso a la interpretación judicial. Menos reglas detalladas significa menos certeza operativa: las empresas tendrán que apoyarse en la ley, en la jurisprudencia y en sus propios protocolos para demostrar cumplimiento.
Plataformas, inspección y trabajo doméstico
Para las plataformas digitales de reparto, el cambio con mayor efecto económico está en la modificación del artículo 2 del Decreto 991 de 2026: según el Ministerio, los aportes a seguridad social se liquidarían sobre el 40 % de lo que efectivamente gana el repartidor. La regla incide en costos y en la configuración de los sistemas de liquidación, y conviene modelarla desde ya con los datos reales de la operación.
En inspección, el proyecto que sustituye el Decreto 720 de 2026 exige que las medidas preventivas sean motivadas, temporales y revisables, una garantía de debido proceso relevante para cualquier empleador sujeto a visitas. En trabajo doméstico se abre la posibilidad de inspeccionar sin ingresar a la vivienda. Las multas por despido retaliatorio frente a denuncias de acoso sexual se graduarían según la gravedad de la conducta, sin bajar del mínimo legal, y las medidas de protección a periodistas y comunicadores se ajustan a la Ley 2466 de 2025.
Por qué vale la pena participar en la consulta
Mientras no se expidan los decretos definitivos rigen las normas actuales, así que no conviene desmontar procedimientos de cumplimiento ni protocolos internos. Lo que sí conviene es aprovechar los días que quedan. El Ministerio debe dejar constancia de las observaciones recibidas y de sus respuestas, y un comentario técnico, que muestre efectos concretos sobre la operación, tiene más posibilidades de incidir en el texto final que una crítica general.
Las empresas que contratan con empresas de servicios temporales o cooperativas de trabajo asociado, las que tienen pactos colectivos vigentes, las plataformas de reparto y los empleadores que acaban de ajustar sus protocolos de acoso son las que más tienen en juego. Para ellas recomendamos revisar los textos con sus equipos de talento humano y jurídico, medir el impacto en contratos y procedimientos, y presentar observaciones antes del cierre si alguna regla afecta su operación.
Fuente: Ministerio del Trabajo, Participe en la construcción de normatividad (proyectos publicados el 16 de octubre de 2026) y fichas de consulta en SUCOP.
Imagen: Vitaly Gariev en Unsplash.
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