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Contratos de trabajo sin fronteras: la ponencia de Jorge Yarce Tamayo en el XI Congreso Iberoamericano y Europeo del Derecho del Trabajo

Jorge Luis Yarce Tamayo presenta la ponencia El contrato de trabajo frente a las fronteras en la Universidad Central, Bogotá

Cuando una empresa traslada a un empleado de Bogotá a Quito o a São Paulo, la pregunta sobre qué legislación rige ese contrato suele quedar para después, casi siempre para el momento en que ya existe una reclamación. De ese problema partió Jorge Luis Yarce Tamayo, CEO de LexForum Abogados & Consultoría, en la ponencia «El contrato de trabajo frente a las fronteras: ¿quién decide la ley y quién garantiza los derechos?», presentada el 27 de octubre en el XI Congreso Iberoamericano y Europeo del Derecho del Trabajo, que se realiza en Bogotá junto con el I Congreso Centroamericano y del Caribe de la Protección Social. La intervención hizo parte de la sesión sobre contratación laboral transnacional, celebrada en la Universidad Central.

La tesis de la ponencia es que, en una relación laboral que cruza fronteras, la ley aplicable no se decide solo con lo que las partes firman ni con el país donde el trabajador está físicamente en un momento dado. Hay que reconstruir la conexión jurídica real del vínculo y reconocer los límites que las normas protectoras imponen a la autonomía contractual.

Elegir la ley no basta para excluir garantías

El modelo europeo sirvió como primer referente. El artículo 8 del Reglamento Roma I permite que empleador y trabajador escojan la ley del contrato, pero esa elección no puede privar al trabajador de la protección que le darían las normas inderogables de la ley aplicable si no hubiera existido pacto. Esa ley se identifica con una secuencia de criterios: primero el país en el cual, o a partir del cual, se trabaja habitualmente; luego el del establecimiento que contrató, y por último el de los vínculos más estrechos. Un desplazamiento temporal no cambia por sí solo el lugar habitual de trabajo.

Yarce Tamayo insistió en separar tres figuras que en la práctica suelen confundirse: las normas que las partes no pueden excluir por contrato, las leyes de policía del artículo 9, que un Estado aplica en todo caso por razones de interés público, y la excepción de orden público internacional del artículo 21, reservada para resultados manifiestamente inadmisibles. Que una norma laboral sea imperativa no significa que tenga vocación de aplicarse en cualquier parte del mundo. También precisó que Roma I no rige los procesos ante jueces colombianos o brasileños, aunque ofrece un marco útil para pensar estos casos.

La subordinación desde Colombia como punto de conexión

El artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la territorialidad, pero la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema ha reconocido que la regla no es absoluta. Uno de los supuestos ocurre cuando la relación comienza en Colombia y, después del traslado al exterior, las órdenes siguen llegando desde el país.

La ponencia examinó la sentencia SL1392 de 2024, en el proceso de un trabajador contra Baker Hughes de Colombia. El expediente incluía certificaciones de continuidad laboral, documentos de asignación internacional y un contrato para trabajar en Ecuador que lo hacía depender del gerente general en Colombia. La Corte encontró errores en la valoración probatoria del tribunal, casó la decisión y ordenó pruebas para mejor proveer. Yarce Tamayo advirtió que el fallo no equivale a un reconocimiento automático de las pretensiones pensionales; su valor está en exigir que se mire la realidad del vínculo por encima de la sucesión de documentos.

Brasil, una protección de origen legal

Brasil llegó a un resultado protector por otra vía. La Ley 7.064 de 1982, ampliada en 2009, regula a los trabajadores contratados en el país o trasladados al exterior y ordena aplicar la legislación brasileña de protección cuando sea más favorable que la del lugar de ejecución, comparando el conjunto de normas de cada materia. El Tribunal Superior do Trabalho aplicó ese régimen en el caso Brasoil/Braspetro a un trabajador angoleño contratado en Brasil para prestar servicios en Angola, lo que muestra que la nacionalidad no es el factor decisivo.

La comparación deja una conclusión práctica para la región: Colombia pone el acento en la continuidad de la subordinación, Brasil en un régimen legal especial, y no existe una regla latinoamericana uniforme. A eso se suman los estándares de la Declaración tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales, revisada en 2022, que orientan la conducta empresarial pero no crean, por sí solos, responsabilidad solidaria entre las sociedades de un grupo.

Lo que deberían revisar las empresas antes de trasladar personal

Para quienes gestionan talento en varios países, la ponencia deja tareas concretas. Conviene definir desde la planeación quién será el empleador real, desde dónde se impartirán las instrucciones, cómo se tratarán la antigüedad y la seguridad social, y si la cláusula de ley aplicable resiste el contraste con las normas protectoras del país de ejecución. Una política global de expatriación ayuda a estandarizar beneficios, pero no reemplaza las obligaciones de cada jurisdicción.

Los contratos sucesivos con distintas sociedades del mismo grupo tampoco prueban por sí mismos que existieron relaciones independientes, del mismo modo que pertenecer a un grupo empresarial no vuelve solidarias, de manera automática, a todas sus compañías. En un litigio, ambas partes tendrán que demostrar los hechos: dónde empezó la relación, quién dirigía el trabajo y desde qué territorio.

LexForum acompaña a empresas y trabajadores en contratación laboral, movilidad internacional y litigio laboral, con un enfoque preventivo que busca resolver estas preguntas antes de que lleguen a un juzgado.

Fuentes: Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I), artículos 8, 9 y 21. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL1392-2024. Ley 7.064 de 1982 de Brasil. Código Sustantivo del Trabajo, artículo 2. OIT, Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (revisión de 2022).

Fotografía: archivo LexForum.

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