El proyecto de Ley de Competitividad, que avanza con mensaje de urgencia en las comisiones sextas conjuntas del Congreso, apunta a un problema que cualquier gerente conoce de memoria: entregar una y otra vez certificados, registros y documentos que el propio Estado ya tiene en sus bases de datos. Si el texto se aprueba en los términos de la ponencia, la carga de probar lo que ya consta en el RUES, el RUT o el RUP pasaría de la empresa a la entidad, y los trámites ganarían plazos más cortos y menos idas y vueltas. Pero todavía es un proyecto, y su alcance real se definirá en los próximos debates.
Un primer debate conjunto que va por partes
La iniciativa, radicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 18 de agosto de 2026, se tramita como Proyecto de Ley 177 de 2026 Senado y 305 de 2026 Cámara. Por el mensaje de urgencia, las comisiones sextas de ambas cámaras la discuten de manera conjunta, y lo que salga de allí pasará directamente a las plenarias. En la sesión del 27 de octubre se aprobó un primer bloque de 38 artículos, según informaron los ponentes, y la discusión continuó el miércoles 28. El resultado de esa jornada está pendiente de verificar en la información oficial del Congreso.
Ninguna de estas reglas obliga hoy a nadie. Mientras no exista ley sancionada y promulgada, las entidades siguen aplicando el régimen vigente, y las empresas deben cumplir los requisitos tal como están.
Del principio de una sola vez al requerimiento único
La idea de que el Estado no pida lo que ya tiene no es nueva. El Decreto Ley 19 de 2012 prohibió exigir documentos que reposan en la entidad, y el Decreto Ley 2106 de 2019 y la Ley 2052 de 2020 insistieron en la interoperabilidad y la racionalización de trámites. El problema ha sido la ejecución: la práctica de pedir el certificado de existencia y representación reciente sobrevive en casi cualquier ventanilla.
El proyecto intenta cerrar esa brecha con herramientas más concretas. Crea un expediente único empresarial digital en la Ventanilla Única Empresarial, de implementación gradual; ordena a las entidades contratantes consultar directamente los datos del RUP, el RUT y el RUES en lugar de exigir certificados; y establece un requerimiento único: si la administración necesita información adicional, debe pedirla toda de una vez, dentro de los primeros cinco días hábiles, en lugar de suspender el trámite con solicitudes sucesivas. También eliminaría el deber de comunicar la apertura de establecimientos de comercio previsto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).
El silencio positivo, la pieza que más litigio puede generar
En la ponencia, la aprobación presunta por falta de respuesta aparece principalmente en la cadena de urbanismo y construcción, con salvaguardas expresas cuando están en juego la vida, la seguridad, el ambiente, el patrimonio, los servicios públicos o los derechos de terceros. En el debate, sin embargo, se ha hablado de una regla más amplia de aprobación tras 30 días sin respuesta, y los medios han reportado una autorización tácita a los 15 días para ciertas operaciones sobre entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Ese punto concreto está pendiente de verificar en el texto aprobado.
A juicio de LexForum, aquí está la principal zona gris. El silencio positivo ya existe en el CPACA (Ley 1437 de 2011), pero solo opera cuando una norma lo consagra de forma expresa y exige protocolizar la petición para hacerlo valer. Si la ley final no delimita con precisión a qué trámites aplica y cómo se acredita, las empresas podrían obtener aprobaciones presuntas que luego la entidad desconozca, y terceros afectados tendrían argumentos para demandarlas. Una licencia ganada por silencio vale tanto como la capacidad de probarla.
Servidores públicos con protección y con responsabilidad
El texto incluye una regla de doble vía para los funcionarios: protege al servidor que aplica la simplificación de buena fe, sin eximirlo por fraude o dolo, y prevé responsabilidad para quien exija requisitos sin fundamento legal o dilate los trámites, aunque descarta la responsabilidad objetiva por el solo vencimiento del plazo. En la práctica, esto significa que el empresario tendría un argumento adicional para reclamar ante la exigencia de un papel que la ley ya no permite pedir, y el funcionario un incentivo para no hacerlo.
Qué conviene hacer mientras avanza el trámite
Las empresas con trámites frecuentes ante licencias urbanísticas, contratación estatal o comercio exterior deberían inventariar los documentos que hoy entregan de manera repetida y verificar que su información en el RUES, el RUT y el RUP esté al día, porque si el Estado pasa a consultar esas bases directamente, un dato desactualizado se convierte en el nuevo obstáculo. Los gremios y las áreas jurídicas tienen además una ventana para intervenir en las audiencias públicas propuestas antes de las plenarias, especialmente en la delimitación del silencio positivo. Modificar procedimientos internos, en cambio, debe esperar al texto definitivo.
Fuente: Congreso de la República, informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 177 de 2026 Senado, 305 de 2026 Cámara, «por medio de la cual se establecen medidas de simplificación administrativa, racionalización, digitalización e interoperabilidad de trámites», radicado el 18 de agosto de 2026 (Gaceta del Congreso 1079 de 2026). El avance de las votaciones del 27 y 28 de octubre corresponde a lo informado por los ponentes y por medios nacionales.
Imagen: Vitaly Gariev en Unsplash.
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