El proyecto de Ley de Rescate Económico que el Gobierno radicó en la Cámara de Representantes trae para las empresas una cuenta que no se resuelve mirando solo la tarifa de renta. La tarifa general de las sociedades bajaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. Al mismo tiempo, la exoneración de aportes a salud, SENA e ICBF quedaría limitada a los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos. Para muchas compañías con nóminas de salarios medios, ese segundo cambio pesa más que el primero.
Un proyecto de 106 artículos que todavía no obliga a nadie
La iniciativa se tramita como Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara. El Ministerio de Hacienda la radicó el 29 de octubre de 2026 y aún no ha surtido el primer debate. El texto combina un recorte de gasto que el Gobierno estima cercano a $45 billones con un paquete tributario: menor renta corporativa, una sobretasa de cinco puntos para el sector financiero entre 2027 y 2030, la eliminación de la tarifa de IVA del 5 % desde 2028, la devolución del IVA a hogares pobres y vulnerables, y cambios en patrimonio, normalización y personas naturales.
Mientras el Congreso no lo apruebe y el Presidente no lo sancione, nada de esto rige. La legislatura ordinaria termina el 16 de diciembre, de modo que el calendario es estrecho para un texto de este tamaño. El presupuesto de 2027, expedido por el Decreto 1599 tras el error de trámite en el Congreso, ya cuenta con parte de estos recursos, lo que aumenta la presión política para aprobarlo antes de fin de año.
La exoneración del artículo 114-1 pasaría de diez a dos salarios mínimos
Desde la Ley 1607 de 2012, las sociedades declarantes de renta no pagan aportes patronales a SENA, ICBF ni salud por los trabajadores que devengan menos de diez salarios mínimos. Esa regla, hoy en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, compensó en su momento la creación del CREE y luego la integración de esa tarifa en el impuesto de renta. El proyecto la reduce de forma drástica, según el articulado divulgado: exoneración plena solo hasta dos salarios mínimos, exoneración parcial entre dos y tres (SENA 1 %, ICBF 1 % y salud 4 %) y ninguna exoneración entre tres y diez.
En la práctica, esto significa que por cada trabajador que gane entre tres y diez salarios mínimos la empresa volvería a pagar 13,5 % adicional sobre el salario: 2 % al SENA, 3 % al ICBF y 8,5 % a salud. Una firma de ingeniería, un centro de servicios compartidos o una empresa de tecnología, donde la mayoría de la nómina está en ese rango, verá subir su costo laboral de forma inmediata, mientras que el alivio en renta solo llega si hay utilidad gravable.
Por qué la rebaja en renta no siempre compensa
Los dos puntos menos de tarifa en 2027 se aplican sobre la renta líquida; los aportes se causan sobre la nómina, haya o no utilidad. Una empresa con márgenes estrechos, pérdidas fiscales acumuladas o renta presuntiva baja recibe poco del primer beneficio y paga completo el segundo. A juicio de LexForum, el efecto neto debe modelarse empresa por empresa: compañías de capital intensivo y nómina reducida probablemente ganan, y las de servicios profesionales o mano de obra calificada probablemente pierden.
El proyecto también vuelve escalonado el aporte del trabajador a salud desde el 1 de enero de 2027: se mantiene en 4 % hasta dos salarios mínimos y sube por tramos hasta el 8 % en los ingresos más altos. Eso reduce el salario neto de los cargos medios y directivos y puede abrir conversaciones sobre ajustes salariales o reestructuración de paquetes de compensación.
Las zonas grises que vale la pena seguir
La primera es la vigencia. El artículo 338 de la Constitución obliga a aplicar los cambios en tributos de periodo desde el periodo siguiente a la vigencia de la ley. La tarifa de renta encaja en esa regla, pero los aportes son mensuales, y el texto fija para salud el 1 de enero de 2027. Si la ley se sanciona a finales de diciembre, las empresas tendrían días para ajustar la liquidación de la PILA de enero, y no es descartable un debate de constitucionalidad sobre esa fecha.
La segunda es la ausencia de un régimen de transición visible para la exoneración, que deja sin respuesta qué pasa con la nómina de quienes cruzan el umbral de dos o tres salarios mínimos por un aumento del mínimo legal o por horas extra. La tercera es que el texto puede cambiar mucho en comisiones, como ya ocurrió con anteriores reformas, de modo que ninguna cifra debe tomarse como definitiva.
Qué conviene hacer desde ya
Lo prudente no es reaccionar con despidos ni reestructuraciones, sino preparar la información para decidir rápido si el proyecto avanza. Recomendamos a las áreas de talento humano y a los contadores estimar desde ahora el costo adicional de aportes de la nómina entre tres y diez salarios mínimos y contrastarlo con el ahorro esperado en renta. También conviene revisar los presupuestos de 2027 con un escenario que incluya este mayor costo, verificar los contratos con cláusulas de ajuste de precio o tarifas, y seguir de cerca las ponencias de primer debate en las comisiones económicas, donde se definirá si la exoneración se mantiene, se gradúa o se elimina como propone el Gobierno.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, Ley de Rescate Económico, documento radicado, 29 de octubre de 2026; y comunicado del Ministerio de Hacienda del 29 de octubre de 2026.
Imagen: Towfiqu barbhuiya en Unsplash.
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